Lectura de la sentencia en la causa Los Vagones
La causa fue iniciada por la responsable de la ex Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, Valeria Rubino, y la Asociación Ágora en mayo de 2019 y fue la primera causa por crímenes de lesa humanidad que se tramitó después de la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, aprobado en el año 2017.
En diciembre de 2019 fueron imputados con prisión preventiva los policías retirados Hugo Guillén, Winston Vitale -ambos fallecidos- y Alejandro Ferreira por los delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y detenidas, y lesiones. Tres meses más tarde, a los imputados se les otorgó prisión domiciliaria.
En marzo de 2020 los imputados, que cumplían prisión preventiva en Domingo Arena, fueron a prisión domiciliaria, y en abril de 2021 cesó el arresto domiciliario como medida cautelar.
En julio de 2021, el juez de garantías Luis Alberto Sobot decidió archivar la causa al considerar que los delitos por los que estaban imputados habían prescripto, sin considerar que se trataba de crímenes de lesa humanidad y computando para el plazo de prescripción años de dictadura y de vigencia de la Ley de Caducidad.
Esa decisión de primera instancia fue revocada en noviembre de 2021 por el Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno, que consideró que “luego de reinstalada la democracia la ley de caducidad constituyó un impedimento inconstitucional, ilegítimo para la persecución de los delitos que pudieron ser investigados décadas después”.
El fallo habilitó la continuación del proceso penal y, en julio de 2022, Sobot dejó todo dispuesto para el inicio del juicio, que quedó en manos de un juez que actúa en el derecho civil porque el juez penal titular se excusó de tomar el caso por tener vínculos personales con personas involucradas en la causa.
El juicio comenzó el 8 de diciembre del 2023 y durante sus audiencias fueron convocados testigos de las dos partes, entre ellos, peritos calificados y 16 sobrevivientes del centro de torturas, en realidad eran 17 denunciantes, pero uno de ellos Henry Marinez falleció.
Cuando Ferreira declaró ante el juez, admitió haber operado en la unidad en la que funcionaba el centro clandestino y la existencia de detenidas y detenidos en los vagones de AFE
